Este decreto sigue dando que hablar y sigue haciendo correr ríos de tinta.
Jesús Peinado Quintana, quien fue diputado socialista en el Parlamento andaluz y desempeñó diversos cargos. Hace una reflexión sobre este decreto que tiene al sector de funcionarios e incluso a los opositores sin vivir en ellos. Los políticos también están en un sin vivir. La reordenación del Sector Público Andaluz, trae mucha información y entre ésta algunas nada acertadas. Sería interesante que leyeras el escrito de Jesús Peinado Quintana. Dicho decreto está en el Parlamento para su tramitación por Ley, pero sus detractores quieren que se deroguen. A continuación la reflexión de Jesús Peinado Quintero: "Son muchas las “noticias” que leemos últimamente sobre la llamada “Reordenación del Sector Público Andaluz” entre ese revoltillo de información, se van introduciendo cuñas interesadas e insidiosas que, aparte de desvirtuar la realidad, propician la dispersión de la legítima reivindicación de los afectados y pretenden dividir a quienes solo pretenden defender sus derechos. Este hecho sucede aprovechando los sentimientos, a veces encontrados, de muchos de quienes se ven incursos en este proceso. A este respecto se van soltando informaciones que dejan caer que los funcionarios lo que quieren es “echar a no sé cuantos miles” de empleados que trabajan para el sector público. Esto es intolerable, esta malvada información pretende de forma subliminal crear conciencia de sectarismo, de clan excluyente y de gentes sin conciencia a quienes no preocupa la situación de miles de familias que quedarían en precario. No queremos echar a nadie, lo que queremos es que no entren “de pescozón”. Es diferente querer echar a querer que no entren así. Bastante tenemos ya con luchar porque no nos echen a nosotros como para gastar energías en querer echar a nadie. Es más, esos miles de empleados que trabajan para el sector público a través de las empresas creadas por las administraciones están ahí a costa de encomiendas de trabajos administrativos, de funciones que se han detraído de la competencia de los empleados públicos y se han desviado a esas empresas, que se han nutrido de personal a través de unos sistemas de selección de dudosa garantía en muchos casos. Si en lugar de haber elegido este camino se hubiera optado por una diligente y adecuada reforma de la Administración Pública, esos miles de contratados por las empresas hubieran podido optar a la condición de funcionarios (y/o laborales) por el sistema a través del que los demás hemos accedido a esta condición: oposiciones. Pero no se debe detener aquí el análisis de la situación creada. Resulta que enfrente de todos están los ciudadanos, los administrados que tienen sus derechos y garantías y a los que se les tiene que asegurar que el conocimiento y manejo de información y datos que les afectan estén en manos de quienes tienen por ley la obligación de sigilo y a los que se les puede exigir responsabilidades en caso de uso indebido de tanta información que contiene esas enormes bases de datos que custodian. Por esta fundamental razón se debe defender al sector público sometido a control y sin escapes, sin regateos a través de atajos más o menos legales como sucede con esas empresas que han ido proliferando, en la mayoría de los casos por puro interés político. Con todas estas polémicas parece ser que se pretende desviar la atención de los tremendos problemas que el intrusismo ha ocasionado a la función pública. Siendo yo Presidente de la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta de Andalucía y Alfredo Flores Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, presentamos varias denuncias con abundante información y pruebas anexas con objeto de atajar el excesivo e ilegal encargo por parte de la Junta de Andalucía a empresas y fundaciones y la presencia masiva de personal ajeno a la administración en sedes administrativas. Igualmente hicimos una petición a Defensor del Pueblo Andaluz y también se tomó interés en el asunto… Pero desde entonces hasta hoy lo único que ha sucedido es que se ha incrementado esta práctica y han proliferado las empresas y sus empleados. A todo esto, los sindicatos han estado nadando y guardando la ropa, haciendo cálculos de dónde podrían sacar sus mejores beneficios y procurando no enfadar mucho al poder político. Y lo siguen haciendo, al menos UGT y CC.OO., sindicatos minoritarios entre los funcionarios por mas que diga la Consejera de la Presidencia, firmantes del acuerdo de la famosas “Agencias”. ¿Qué es eso de pasar al parlamento el trámite de este asunto sobre la premisa de mejorar y enriquecer lo ya acordado e iniciado en su día con nocturnidad y alevosía, sin contar con dios ni con el diablo, de espaldas a los afectados? ¡Que no! Que lo que falla es la mayor, que no se trata de mejorar, se trata de que lo inadmisible es la creación de esas agencias con la finalidad para la que se pretende. Dejad las agencias para otros menesteres y emprended de una vez por todas una auténtica reforma de la función pública, que además de garantizar los derechos de los ciudadanos ofrezca soluciones rápidas y eficaces. Estando yo en el Parlamento de Andalucía y siendo vicepresidente de la Comisión correspondiente se aprobó la primera Ley de la Función Pública Andaluza. Todos sabíamos que era un primer paso, incluso “los de Madrid”, que nos dijeron que pudiendo haber hecho una buena ley partiendo de cero habíamos hecho una mala copia de la ley entonces vigente en la Administración del Estado. Pues bien, en lugar de buscar conceptos compatibles con la cosa pública, en vez de emprender una reforma en profundidad, se han dedicado a “trampear” para fines espurios o al menos no tan legales y legítimos como es exigible. Yo soy funcionario y quiero seguir siéndolo hasta que me toque. Yo quiero ser independiente del poder político en el ejercicio de mi función (en mi casa soy lo que me da la gana). Yo no quiero vivir angustiado pensando qué le apetece al jefe de turno. Solo quiero que me dejen ser lo que soy, lo que libremente elegí y mi trabajo me costó conseguir. No quiero que cada día me dicten una política de empresa para conseguir no sé qué objetivos. Solo quiero que la función pública sea un concepto claro, bien delimitado y ejercido por quienes están legitimados para ello. Todo lo demás será otra cosa, pero que no perviertan lo poco que queda y empleen sus esfuerzos en mejorarlo. A todo esto se cabrean porque se protesta. ¡Con las bullas que hemos formado nosotros (los socialistas) y protestado porque nos querían amordazar…! ¿no recodáis? Y ahora vienen estos “ninis” mediocres y me dicen fascista y me comparan con Batasuna. ¡Anda ya! Estáis tontos, sois unos maleducados y habéis perdido el norte. Pero ¿no hay nadie dentro del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz que esté dispuesto a levantar la voz? Porque, seguro que mas de uno sabe con exactitud lo que está pasando y el alcance de lo que se pretende.
A modo de reflexión final: a veces me pregunto qué pasaría en este país si hubiera más ciudadanos realmente libres en lugar de grandes filas de personas en permanente y sumisa posición de saludo.
Jesús Peinado Quintana, quien fue diputado socialista en el Parlamento andaluz y desempeñó diversos cargos. Hace una reflexión sobre este decreto que tiene al sector de funcionarios e incluso a los opositores sin vivir en ellos. Los políticos también están en un sin vivir. La reordenación del Sector Público Andaluz, trae mucha información y entre ésta algunas nada acertadas. Sería interesante que leyeras el escrito de Jesús Peinado Quintana. Dicho decreto está en el Parlamento para su tramitación por Ley, pero sus detractores quieren que se deroguen. A continuación la reflexión de Jesús Peinado Quintero: "Son muchas las “noticias” que leemos últimamente sobre la llamada “Reordenación del Sector Público Andaluz” entre ese revoltillo de información, se van introduciendo cuñas interesadas e insidiosas que, aparte de desvirtuar la realidad, propician la dispersión de la legítima reivindicación de los afectados y pretenden dividir a quienes solo pretenden defender sus derechos. Este hecho sucede aprovechando los sentimientos, a veces encontrados, de muchos de quienes se ven incursos en este proceso. A este respecto se van soltando informaciones que dejan caer que los funcionarios lo que quieren es “echar a no sé cuantos miles” de empleados que trabajan para el sector público. Esto es intolerable, esta malvada información pretende de forma subliminal crear conciencia de sectarismo, de clan excluyente y de gentes sin conciencia a quienes no preocupa la situación de miles de familias que quedarían en precario. No queremos echar a nadie, lo que queremos es que no entren “de pescozón”. Es diferente querer echar a querer que no entren así. Bastante tenemos ya con luchar porque no nos echen a nosotros como para gastar energías en querer echar a nadie. Es más, esos miles de empleados que trabajan para el sector público a través de las empresas creadas por las administraciones están ahí a costa de encomiendas de trabajos administrativos, de funciones que se han detraído de la competencia de los empleados públicos y se han desviado a esas empresas, que se han nutrido de personal a través de unos sistemas de selección de dudosa garantía en muchos casos. Si en lugar de haber elegido este camino se hubiera optado por una diligente y adecuada reforma de la Administración Pública, esos miles de contratados por las empresas hubieran podido optar a la condición de funcionarios (y/o laborales) por el sistema a través del que los demás hemos accedido a esta condición: oposiciones. Pero no se debe detener aquí el análisis de la situación creada. Resulta que enfrente de todos están los ciudadanos, los administrados que tienen sus derechos y garantías y a los que se les tiene que asegurar que el conocimiento y manejo de información y datos que les afectan estén en manos de quienes tienen por ley la obligación de sigilo y a los que se les puede exigir responsabilidades en caso de uso indebido de tanta información que contiene esas enormes bases de datos que custodian. Por esta fundamental razón se debe defender al sector público sometido a control y sin escapes, sin regateos a través de atajos más o menos legales como sucede con esas empresas que han ido proliferando, en la mayoría de los casos por puro interés político. Con todas estas polémicas parece ser que se pretende desviar la atención de los tremendos problemas que el intrusismo ha ocasionado a la función pública. Siendo yo Presidente de la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta de Andalucía y Alfredo Flores Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, presentamos varias denuncias con abundante información y pruebas anexas con objeto de atajar el excesivo e ilegal encargo por parte de la Junta de Andalucía a empresas y fundaciones y la presencia masiva de personal ajeno a la administración en sedes administrativas. Igualmente hicimos una petición a Defensor del Pueblo Andaluz y también se tomó interés en el asunto… Pero desde entonces hasta hoy lo único que ha sucedido es que se ha incrementado esta práctica y han proliferado las empresas y sus empleados. A todo esto, los sindicatos han estado nadando y guardando la ropa, haciendo cálculos de dónde podrían sacar sus mejores beneficios y procurando no enfadar mucho al poder político. Y lo siguen haciendo, al menos UGT y CC.OO., sindicatos minoritarios entre los funcionarios por mas que diga la Consejera de la Presidencia, firmantes del acuerdo de la famosas “Agencias”. ¿Qué es eso de pasar al parlamento el trámite de este asunto sobre la premisa de mejorar y enriquecer lo ya acordado e iniciado en su día con nocturnidad y alevosía, sin contar con dios ni con el diablo, de espaldas a los afectados? ¡Que no! Que lo que falla es la mayor, que no se trata de mejorar, se trata de que lo inadmisible es la creación de esas agencias con la finalidad para la que se pretende. Dejad las agencias para otros menesteres y emprended de una vez por todas una auténtica reforma de la función pública, que además de garantizar los derechos de los ciudadanos ofrezca soluciones rápidas y eficaces. Estando yo en el Parlamento de Andalucía y siendo vicepresidente de la Comisión correspondiente se aprobó la primera Ley de la Función Pública Andaluza. Todos sabíamos que era un primer paso, incluso “los de Madrid”, que nos dijeron que pudiendo haber hecho una buena ley partiendo de cero habíamos hecho una mala copia de la ley entonces vigente en la Administración del Estado. Pues bien, en lugar de buscar conceptos compatibles con la cosa pública, en vez de emprender una reforma en profundidad, se han dedicado a “trampear” para fines espurios o al menos no tan legales y legítimos como es exigible. Yo soy funcionario y quiero seguir siéndolo hasta que me toque. Yo quiero ser independiente del poder político en el ejercicio de mi función (en mi casa soy lo que me da la gana). Yo no quiero vivir angustiado pensando qué le apetece al jefe de turno. Solo quiero que me dejen ser lo que soy, lo que libremente elegí y mi trabajo me costó conseguir. No quiero que cada día me dicten una política de empresa para conseguir no sé qué objetivos. Solo quiero que la función pública sea un concepto claro, bien delimitado y ejercido por quienes están legitimados para ello. Todo lo demás será otra cosa, pero que no perviertan lo poco que queda y empleen sus esfuerzos en mejorarlo. A todo esto se cabrean porque se protesta. ¡Con las bullas que hemos formado nosotros (los socialistas) y protestado porque nos querían amordazar…! ¿no recodáis? Y ahora vienen estos “ninis” mediocres y me dicen fascista y me comparan con Batasuna. ¡Anda ya! Estáis tontos, sois unos maleducados y habéis perdido el norte. Pero ¿no hay nadie dentro del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz que esté dispuesto a levantar la voz? Porque, seguro que mas de uno sabe con exactitud lo que está pasando y el alcance de lo que se pretende.
A modo de reflexión final: a veces me pregunto qué pasaría en este país si hubiera más ciudadanos realmente libres en lugar de grandes filas de personas en permanente y sumisa posición de saludo.
