El Decreto 5/2010 del 27 de julio, ha hecho correr ríos de tinta y ha suscitado numerosas polémicas. De hecho los populares presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley de reordenación del sector público andaluz. Los populares denuncian 'atropello y vulneración' de derechos a funcionarios. El PP sostiene que se busca perpetuar a los que han entrado por 'amiguismo' El recurso ampara la igualdad de oportunidades de cualquier español andaluz a la hora de acceder a un puesto de trabajo, la lucha contra el enchufismo y los nombramientos “a dedo” por vinculación política y la necesidad de garantizar la legalidad en el cumplimiento de las funciones públicas.
El PP asegura a través de su portavoz que dicha ley quiere perpetuar a 25.000 personas que han entrado enchufados por el PSOE en la Administración ejerciendo competencias que son “exclusivas” del personal funcionario. También nos señalan que el decreto causa desigualdad en el acceso a la función pública porque impediría que muchos andaluces puedan acceder a la función en condiciones de igualdad. Y esto es un retroceso a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades. También se ha dicho que los nuevos funcionarios deben poder ser despedidos, como cualquier otro trabajador. La mejor garantía de que una nación funcione es la existencia de empleados públicos independientes del poder político. En esto hay muchas opiniones pero entraríamos en un retroceso de llevarse a cabo. La administración Andaluza gasta mucho dinero en una Administración paralela, pero está no es la mejor forma de solucionar su problema. Nuestros políticos deben estar ofuscados con la crisis y no saben de donde sacar dinero y su mente no es lúcida para buscar mejores soluciones que hacerle pagar la crisis a los funcionarios.
El PP asegura a través de su portavoz que dicha ley quiere perpetuar a 25.000 personas que han entrado enchufados por el PSOE en la Administración ejerciendo competencias que son “exclusivas” del personal funcionario. También nos señalan que el decreto causa desigualdad en el acceso a la función pública porque impediría que muchos andaluces puedan acceder a la función en condiciones de igualdad. Y esto es un retroceso a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades. También se ha dicho que los nuevos funcionarios deben poder ser despedidos, como cualquier otro trabajador. La mejor garantía de que una nación funcione es la existencia de empleados públicos independientes del poder político. En esto hay muchas opiniones pero entraríamos en un retroceso de llevarse a cabo. La administración Andaluza gasta mucho dinero en una Administración paralela, pero está no es la mejor forma de solucionar su problema. Nuestros políticos deben estar ofuscados con la crisis y no saben de donde sacar dinero y su mente no es lúcida para buscar mejores soluciones que hacerle pagar la crisis a los funcionarios.
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