Publico íntegramente este manifiesto de la Plataforma de empleados públicos de Andalucía (Málaga) que hoy se manifiestan en contra del Decreto. Con fecha 28 de julio de 2010, se publicó en BOJA el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. En dicha norma se establecen una serie de modificaciones en leyes andaluzas y se crean o definen la denominación, régimen jurídico y competencias de ocho Agencias públicas en las materias de ciencias, obras públicas, empleo, sanidad, agricultura y pesca, servicios sociales, cultura y medio ambiente. A pesar del leve maquillaje efectuado, tanto por el Acuerdo firmado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos UGT y CCOO el 29 de octubre como por el posterior anuncio de su tramitación como proyecto de ley, esta norma supone la entrega de funciones y potestades administrativas en manos de entes más cercanos al derecho privado que al derecho administrativo. Somos empleados públicos siete horas al día pero somos ciudadanos las 24 horas de los trescientos sesenta y cinco días del año. Por eso, sabemos de lo que hablamos. Conocemos la Administración desde dentro y también desde fuera. Nosotros hemos elegido libremente dedicarnos a trabajar en el sector público, pudiendo haber escogido la empresa privada. Algunos por vocación y otros por la estabilidad laboral que conlleva (a veces a costa de un menor sueldo que en el sector privado), nos hemos sometido a procesos selectivos (oposiciones, concursos, etc.) en los que invertimos gran parte de nuestro tiempo, dinero y energía, sacrificando incluso a la familia. Por ello, deseamos contribuir a la mejora de la Administración, y que ésta utilice adecuadamente los recursos de los que dispone (agua, medio ambiente, servicios sociales, agricultura, pesca, educación, sanidad, cultura, etc.). La Administración es la unión de la sociedad y el buen funcionamiento de ésta repercute en todos. Sabemos por propia experiencia el papel que han desempeñado hasta ahora los entes instrumentales y sus consecuencias: duplicidad de tareas dejando al empleado público sin funciones, ausencia de control real de los gastos, aumento del clientelismo político, reducción de convocatorias de plazas de empleo público, etc. Creemos que esta reordenación del sector público no va a suponer aminorar estos efectos negativos, sino legimitizar o santificar una situación que puede considerarse como mínimo de ilegal. Porque a nosotros nos importa el beneficio común, no el beneficio económico. Nos importan las personas, no las organizaciones. Nos importan los significados, no las palabras. PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA (MÁLAGA)
Por eso,
No a la privatización encubierta de los servicios públicos
No a la atribución de potestades administrativas a entes semi-privados
No a una Administración regida por principios empresariales
No a una Administración parcial, subjetiva y obscurantista
No a una Administración Pública basada en el clientelismo político
No al recorte de las posibilidades de acceso libre al empleo público de opositores y universitarios
No a la duplicidad de funciones
No a una Administración derrochadora del dinero público
No a una Administración desfuncionarizada y desprofesionalizada
No al vaciado de competencias propias de los empleados públicos
No a la venta del patrimonio andaluz
Sí a una gestión 100% pública
Sí al ejercicio de potestades públicas por quien legalmente tiene la competencia
Sí a una Administración regida por los principios de buena administración y calidad de los servicios
Sí a una administración imparcial, objetiva y transparente
Sí a un empleo público basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Sí a una cobertura legal de los puestos necesarios en la Administración
Sí a una distribución equitativa de funciones y tareas
Sí a una administración eficaz, eficiente y racional
Sí a una Administración profesionalizada
Sí a una potenciación de las funciones del empleado público
Por eso, y como única reivindicación, pedimos la DEROGACIÓN del Decreto-Ley.
Por eso,
No a la privatización encubierta de los servicios públicos
No a la atribución de potestades administrativas a entes semi-privados
No a una Administración regida por principios empresariales
No a una Administración parcial, subjetiva y obscurantista
No a una Administración Pública basada en el clientelismo político
No al recorte de las posibilidades de acceso libre al empleo público de opositores y universitarios
No a la duplicidad de funciones
No a una Administración derrochadora del dinero público
No a una Administración desfuncionarizada y desprofesionalizada
No al vaciado de competencias propias de los empleados públicos
No a la venta del patrimonio andaluz
Sí a una gestión 100% pública
Sí al ejercicio de potestades públicas por quien legalmente tiene la competencia
Sí a una Administración regida por los principios de buena administración y calidad de los servicios
Sí a una administración imparcial, objetiva y transparente
Sí a un empleo público basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Sí a una cobertura legal de los puestos necesarios en la Administración
Sí a una distribución equitativa de funciones y tareas
Sí a una administración eficaz, eficiente y racional
Sí a una Administración profesionalizada
Sí a una potenciación de las funciones del empleado público
Por eso, y como única reivindicación, pedimos la DEROGACIÓN del Decreto-Ley.
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